El Puerto de Paranaguá no puede seguir prohibiendo los embarques de soja genéticamente modificada. Esa fue la decisión de la jueza Giovanna Mayer, en representación de la Justicia Federal de Paranaguá. Se atendieron así los pedidos de la Asociación Brasileña de Terminales Portuarias. El superintendente del Puerto de Paranaguá, Eduardo Requião, aún no fue notificado, pero el Gobierno estadual ya avisó que está pronto para recusar esa decisión.

“Desde noviembre de 2004, la obligación de la Administración de Puertos de Paranaguá e Antonina (APPA) de promover un régimen que permita el manejo de soja transgénica. La solución encontrada por el Superintendente fue la creación de un silo exclusivo. Desde el año pasado algunas empresas entre las que se encontraba la Bunge manifestaron interés en construir el mencionado silo. (...) El interés existe, pero no ha habido ninguna señal concreta por parte de APPA (...)”, afirmó la jueza.

Según el procurador general del Estado, Sérgio Botto de Lacerda, “el Puerto de Paranaguá no tiene logística para recibir la carga transgénica”. Según el, no existe la posibilidad de mezclar las sojas transgénica y convencional o alternarlas en un silo público, como fue sugerido. “Ese es un argumento estúpido que encarece las transacciones en el puerto y genera grandes riesgos en la administración de las exportaciones”, señaló.

También según el procurador, el Gobierno intentó construir un nuevo silo para segregar la soja transgénica, pero fue impedido por falta de espacio y estructura adecuada para su construcción. Según la opinión de la jueza, APPA no realizó todos los esfuerzos para cumplir con la obligación de adoptar un esquema operacional que permita el manejo de la soja transgénica.

Botto garantizó que el Estado está acorde con la legislación brasileña, que obliga la identificación, clasificación, segregación y etiquetado de los organismos genéticamente modificados. Además de eso, en otras instancias similares que llegaron a la órbita judicial Federal y Estadual, se resolvió que el Estado tenía el derecho de impedir el transporte de la soja transgénica en el puerto.

De acuerdo a lo manifestado por el procurador, la decisión de la jueza puede provocar “perjuicios incalculables” al Estado de Paraná, que privilegia claramente la cultura de la soja convencional y tiene contratos internacionales que exigen que la soja se mantenga libre de transgenía. Según Botto, apenas 1,8% de la soja de Paraná es transgénica, mientras el restante 98% de los cuatro millones de hectáreas sembradas son de soja convencional. “Esa decisión (refiriéndose al pronunciamiento judicial) solo sirve para privilegiar a una minoría, representada por las empresas Bunge y Cargill”, finalizó.

Fuente: Jornal do Estado Curitiba, Brasil. Publicado el 30/03/06.Traducido por Martín Pardo para Plataforma Soja. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.