Ambientalistas y autoridades federales y estaduales apuestan a una nueva estrategia para impedir el avance de la soja y de los madereros en la Amazonia, la creación de un "muro verde" formado por unidades de conservación que pueda resistir al desmonte.

Ellos dicen correr contra el reloj en el intento de implementar un corredor que alcanza ya unos 19,5 milones de hectáreas y se espera que gane al menos otros 8 millones más.

El "muro verde" acompaña el tradicional arco del desmonte en la región, que comienza con la acción de los madereros de Pará, sigue por Mato Grosso que es una región dominada por los sojicultores, luego por Rondonia y termina en Acre. Se trata de la mayor ofensiva realizada conjuntamente entre gobiernos y ONGs ambientales para mantener y preservar la mayor floresta brasileña.

"Solo para comparar, el Estado de Rio de Janeiro tiene 4,4 millones de hectáreas", señala Tasso Azevedo, director del Servicio Florestal del Ministerio de Medio Ambiente.

Implementado en el 2002 por los programas federales Arpa (Áreas Protegidas de la Amazonia) y de Combate al Desmonte, el "muro verde" o "arco de la conservación", como prefiere decir el gobierno para no "asustar" algunos sectores, es un mosaico de unidades de conservación que engloba también áreas indígenas y militares. Esas áreas pueden ser federales, estaduales y municipales, y se dividen en dos grandes grupos: el de protección integral (estaciones ecológicas y parques nacionales) y el de uso sustentable
(florestas nacionales y reservas).

Hoy, el 75% de la Amazonia es tierra pública - 34% ya son áreas protegidas y 24% son áreas privadas. El desafío ahora es proteger el 42% de tierra que aún no está protegida. Y eso no está en sintonía con lo que piensan algunos defensores del agronegocio.

"La creación de unidades de conservación en las regiones de expansión de la frontera agropecuaria es fundamental para estancar la destrucción forestal", dice Paulo Adário, coordinador de la campaña amazónica de Greenpeace.

En el polo opuesto, Sérgio Mendes, director de Anec (Associación Nacional de Exportadores de Cereales) señala que; "Eso va a provocar problemas para el agronegocio en el futuro", agrega, "la participación de la soja en la devastación fue ínfima. Ellos (quienes promueven el muro verde) tendrían que conversar con el sector maderero y los pecuaristas". En julio, la Anec y Abiove (Asociación Brasileña de Industrias de Aceites y Vegetales) se comprometieron a no comercializar soja oriunda de las áreas desmontadas del Bioma Amazónico.

Aún faltan algunos tramos de tierra para cerrar el "muro". El principal es el trecho que se encuentra entorno a BR-319, que une Manaus (AM) con Porto Velho (RO).

Los intereses económicos amenazan esas áreas. El ejemplo mas reciente es el del Parque Nacional de Juruena, creado en junio después de siete años de negociaciones entre Ibama y el gobierno amazonense.

Pero el "muro verde" dependerá de la fiscalización. Azevedo, del ministerio del Ambiente, concuerda, y recuerda los dos concursos públicos para reforzar el Ibama y las nuevas herramientas para detectar desmontes en tiempo real. Según él, desde 2003 fueron invertidos R$ 100 millones por año en el combate al desmonte en la Amazonia. El programa Arpa informó que destinará US$ 390 millones hasta 2012 para las unidades de conservación, en base a donaciones realizadas por organizaciones internacionales como la GEF (Fondo Global para el Medio Ambiente, que recibe recursos de países ricos) y el Banco Mundial.

Artículo publicado en Diario Valor (Brasil), Octubre de 2006. Traducción libre de Martín Pardo.
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